El Gobierno avanza con la licitación para que el sector privado importe y comercialice GNL

De esta manera, el Gobierno se desliga de la operatoria seleccionando a un comercializador que se ocupe de importar GNL y distribuir en el mercado interno el gas resultante de su regasificación, utilizando la capacidad disponible de la terminal de Escobar y con punto de entrega en Los Cardales.

Al respecto, desde el Ejecutivo remarcaron que “el nuevo esquema contempla un único operador que reemplazará al Estado y brindará mayor previsibilidad y eficiencia en el servicio”, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

El pliego licitatorio establece que las ofertas se recibirán el 6 de abril y la adjudicación está prevista para el 21 del mismo mes. La distancia entre una fecha y la otra genera inquietud en el sector teniendo en cuenta que el criterio de selección es económico.

Además, los analistas del mercado advirtieron al medio especializado EconoJournal que el ganador tendrá apenas días para asegurar los cargamentos que deberían arribar en mayo, en un mercado global de GNL condicionado por el conflicto en Medio Oriente.
Canon de entrada: el adjudicatario deberá pagar una prima de US$98,5 millones a Enarsa e YPF (accionistas de la terminal de Escobar).
Requisitos: patrimonio neto superior a US$125 millones y experiencia en trading por más de US$800 millones en los últimos cinco años.

Los candidatos
Trafigura: el gigante suizo que ya opera la marca Puma en el país y tiene experiencia importando gas desde Bolivia.
YPF: la petrolera de bandera, que además de ser socia en la planta de Escobar, posee el mayor conocimiento del mercado interno y capacidad de trading.
TotalEnergies y Naturgy: compañías con fuerte presencia local que analizan los riesgos del nuevo esquema.
El nuevo modelo propuesto por el Gobierno enfrenta dos amenazas externas que podrían complicar las ofertas:

Escalada en Medio Oriente: la reciente tensión bélica entre Estados Unidos-Israel e Irán disparó la volatilidad del precio del GNL (referencia TTF), que oscila entre los US$14 y US$17 por millón de BTU. Cualquier adjudicatario deberá contratar costosos seguros financieros para cubrirse de saltos bruscos en el precio internacional.

Incertidumbre regulatoria: el Gobierno aún no aclaró cómo se trasladará el precio del gas importado a las facturas que pagan los usuarios finales. Sin una señal clara sobre este mecanismo, las empresas temen un “descalce” financiero: tener que pagar el gas en dólares en el exterior pero no poder cobrarlo a tiempo en el mercado local.