El gobierno acumula retrasos y busca pagar con bonos

El presidente Javier Milei enfrenta por estas horas un escenario delicado en las cuentas públicas, marcado por una caída sostenida de la recaudación que ya se extiende por ocho meses consecutivos en términos reales. Este deterioro obligó al Gobierno a profundizar el ajuste del gasto, pero aun así comienzan a acumularse atrasos en pagos a proveedores de sectores clave.
El conflicto más visible se dio en el transporte automotor, donde el Ejecutivo propuso cancelar deudas con bonos, una alternativa que generó fuerte rechazo en las empresas. Sin embargo, la situación no se limita a ese sector: también se registran demoras con constructoras, exportadores y proveedores del sistema de salud.
La baja en los ingresos está vinculada a la desaceleración de la actividad económica, aunque en las provincias advierten que la recaudación cae incluso más rápido que la economía, en un contexto donde crece la informalidad. Frente a este panorama, el equipo económico busca equilibrar dos objetivos complejos: reactivar la actividad y contener la inflación.
Según datos de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), el gasto primario cayó un 3% interanual en términos reales durante el primer trimestre. Los recortes impactaron principalmente en salarios del sector público, transferencias corrientes y obra pública, con una contracción especialmente fuerte en este último rubro.
El ajuste ya se siente en el funcionamiento de servicios esenciales. En el caso del transporte, la combinación de subsidios atrasados y aumento de costos —como el combustible— dejó al sistema en una situación crítica, con reducción de frecuencias y riesgo de mayores conflictos.
La propuesta de pago con bonos no es nueva para el Gobierno, que ya la utilizó en otros sectores al inicio de la gestión. Sin embargo, su efectividad hoy es menor y encuentra mayor resistencia en un contexto de desconfianza y falta de liquidez.
El problema de fondo es más amplio: la acumulación de deudas se extiende a distintos frentes, incluyendo compromisos con provincias y proveedores estratégicos. En paralelo, la caída de transferencias nacionales —que se redujeron más de un 50%— también golpea a las administraciones provinciales y municipales.
En ese escenario, algunos gobiernos locales ya comenzaron a ajustar servicios. Un caso extremo se registró en Mendoza, donde el municipio de Malargüe sufrió el corte de energía eléctrica en dependencias oficiales por falta de pago, lo que obligó a implementar medidas de emergencia.
La tensión también se traslada al plano político. Intendentes de distintas provincias preparan reclamos por el impacto del ajuste, mientras crece la preocupación por la sostenibilidad de los servicios básicos.
Con recursos cada vez más limitados, el Gobierno intenta sostener el equilibrio fiscal sin trasladar el costo a tarifas, en un contexto donde la presión social y económica empieza a hacerse sentir con mayor intensidad.