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10 de Junio de 2021 - Nota vista 498 veces

Reclamo de Colegios de abogados de Entre Ríos frente al paro de judiciales

Las Comisiones Directivas del Colegio de la Abogacía sección Paraná, Gualeguaychú y Concordia, elevaron una carta al Colegio central para manifestar su postura en relación a las medidas de fuerza decretada por AJER, que consisten en el paro total de actividades de los trabajadores judiciales durante 7 días del mes de junio, con quite de colaboración y desconexión digital, y la amenaza de incrementarlas por tiempo indefinido.

La nota señala que debido a las circunstancias gravísimas producto de la pandemia con consecuencias en la economía y la sociedad, las medidas adoptadas por la AJER, “demuestran una falta de solidaridad y oportunidad, circunstancia que irrita a una sociedad que ha padecido y padece los efectos de esta pandemia y de la cual, los empleados judiciales parecen no pertenecer”.

En la carta las comisiones directivas ponen en relieve los siguientes puntos:

Servicio de Justicia: debe brindarse de manera esencial en beneficio de los justiciables, y con respeto al trabajo y esfuerzo de abogadas y abogados que hemos adaptado toda nuestra actividad y nuestros estudios para brindar el mejor servicio posible en estas circunstancias.

Costos mayores de nuestra actividad: recategorizaciones impositivas, efectuadas de manera retroactiva, incrementos exponenciales en los intereses de nuestras cuotas de matrícula, cuyo costo que de por sí se incrementa con el precio del jus, entre otros. Sumado a que los honorarios son estimados en desbalance con nuestras responsabilidades y en desconocimiento de la realidad económica en la que todos vivimos.

El sector más afectado en esta pandemia ha sido el independiente: tanto el comercial, como el profesional, y a quienes el gobierno decidió no incluir en la lista de “vulnerables” sin recibir ningún tipo de ayuda, colaboración ni apoyo. Por el contrario, somos víctimas constantes de los embates del fisco nacional y provincial y cuya voracidad impositiva parece no tener límite alguno.

Exigir con posiciones muy claras y contundentes la restitución del servicio de justicia en forma inmediata y plena. Entendemos que debe reconocerse como única limitación la que surge de los correspondientes protocolos sanitarios, y ninguna otra.

Adoptar una medida que imponga “el quite de colaboración absoluta” evidencia una desmesura y total falta de racionalidad frente a la situación que toda la sociedad enfrenta, en donde justamente deben asumirse conductas de cierta comprensión y paciencia por el problema ajeno.

Reclamamos la firme e impostergable exigencia de la conciliación obligatoria, medida que entendemos resulta oportuna, legítima y necesaria, ya que evidentemente los esfuerzos de carácter conciliatorio hasta el momento no han tenido respuesta alguna.

Finalmente, la carta enviada cierra con contundencia pidiendo la actuación del Colegio Central:

“Entendemos, postulamos y asumimos con la absoluta responsabilidad institucional que a los suscriptos nos toca desempeñar, que las instancias de diálogo se encuentran agotadas y es momento que este Colegio, actúe como un verdadero gremio de los profesionales a quienes representa, asumiendo un rol activo, crítico, y suficientemente contestatario, ante la indiferencia de los demás actores de una crisis, que nos es ajena pero de la cual resultamos afectados nosotros y nuestros clientes en deterioro de un eficiente servicio de justicia”.

SEÑOR PRESIDENTE DEL CAER DR. ALEJANDRO CANAVESIO SU DESPACHO:

Nos dirigimos a Ud, atento las medidas de fuerza decretadas por la AJER y llevada adelante por los trabajadores judiciales, consistente en un paro total de actividades durante 7 días del mes de junio, con quite de colaboración y desconexión digital, y la amenaza de incrementarlas por tiempo indefinido; medidas que se suman a un estado del servicio de justicia que viene muy retrasado y visiblemente resentido.

Asistimos a una época y circunstancias gravísimas con consecuencias en la economía y la sociedad que nos imponen mayor responsabilidad y solidaridad de parte de quienes aún, y en condiciones muy dificultosas, podemos trabajar.

En tal sentido, el Servicio de Justicia debe brindarse de manera esencial en beneficio de los justiciables, pero con respeto al trabajo y esfuerzo de abogadas y abogados que hemos adaptado toda nuestra actividad y nuestros estudios con el único objeto de continuar brindando el mejor servicio posible en estas especiales circunstancias.

Destacamos que los abogados hemos asumido costos mayores de nuestra actividad, como recategorizaciones impositivas, efectuadas de manera retroactiva; incrementos exponenciales en los intereses de nuestras cuotas de matrícula, cuyo costo de por sí se incrementa con el precio del jus, adquisición de equipamiento informático, etc. Asimismo, nuestros honorarios son estimados en desbalance con nuestras responsabilidades y en desconocimiento de la realidad económica en la que todos vivimos.

En dicho sentido cabe destacar –una vez más-, que las medidas adoptadas por la AJER, adolecen de una severa falta de solidaridad y oportunidad, circunstancia que irrita a una sociedad que ha padecido y padece los efectos de esta pandemia, y de la cual, los empleados judiciales parecen no pertenecen.

Sr. Presidente, podemos afirmar -sin temor a equivocarnos-, que en esta pandemia no ha habido sector más afectado que el independiente, tanto el comercial, como el profesional, y a quienes el gobierno decidió no incluir en la lista de “vulnerables”. Por tanto, especialmente las profesiones liberales no hemos recibido ningún tipo de ayuda, colaboración ni apoyo. Por el contrario, somos víctimas constantes de los embates del fisco nacional y provincial y cuya voracidad impositiva parece no tener límite alguno.-

En este marco entendemos que el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, asumiendo la legítima y ya improrrogable representación de todos los abogados y abogadas de la Provincia de Entre Ríos, debe adoptar el rol para el cual ha sido constituido desde sus inicios y exigir, con posiciones muy claras y contundentes, la restitución del servicio de justicia en forma inmediata y plena. Entendemos que debe reconocerse como única limitación la que surge de los correspondientes protocolos sanitarios, y ninguna otra. Menos aún la puja de intereses sectoriales entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, por la prórroga de la Ley de Emergencia Provincial, ya que este último se escuda en sus propios dependientes y en definitiva, la cuestión en debate les afecta por igual, tanto a magistrados, funcionarios y empleados.

Pues bien, mientras ello sucede, los abogados y abogadas de la provincia observamos con asombro y absoluta pasividad las diatribas y posturas de uno y otro sector, esperando y rogando que se pongan de acuerdo, es decir como meros espectadores y sin ningún tipo de injerencia en uno u otro sentido, porque en rigor de verdad y para ser francos, a ninguno de ellos parece importarles nuestra labor profesional.

Es que, a pesar de que esta institución ha tenido siempre una postura respetuosa de los reclamos sectoriales, aún en los difíciles momentos que nos tocó vivir a lo largo de la historia, nos parece que adoptar una medida que imponga “el quite de colaboración absoluta” evidencia una desmesura y total falta de racionalidad frente a la situación que toda la sociedad enfrenta, en donde justamente deben asumirse conductas de cierta comprensión y paciencia por el problema ajeno.

Es por ello que las medidas que deben reclamarse de los poderes públicos, entendemos sin dudas, se encuentra la firme e impostergable exigencia de la conciliación obligatoria, medida que entendemos resulta oportuna, legitima y necesaria, ya que evidentemente los esfuerzos de carácter conciliatorio hasta el momento no han tenido respuesta alguna.

Entendemos, postulamos y asumimos con la absoluta responsabilidad institucional que a los suscriptos nos toca desempeñar, que las instancias de diálogo se encuentran agotadas y es momento que este Colegio, actúe como un verdadero gremio de los profesionales a quienes representa, asumiendo un rol activo, crítico, y suficientemente contestatario, ante la indiferencia de los demás actores de una crisis, que nos es ajena pero de la cual resultamos afectados nosotros y nuestros clientes en deterioro de eficiente servicio de justicia.

Aguardando sepa interpretar el contenido y el alcance del presente, saludamos atentamente

COMISION DIRECTIVA SECCIÓN PARANÁ

COMISION DIRECTIVA SECCIONAL CONCORDIA

COMISION DIRECTIVA SECCIONAL GUALEGUAYCHÚ


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