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Por Raúl Bard* - 12 de Noviembre de 2020 - Nota vista 353 veces

EE.UU. y la sucesión presidencial

La reciente elección en los Estados Unidos de Norteamérica nos muestra que los medios de comunicación (en los cuales incluyo a redes sociales como twitter o facebook ), lejos de narrar los hechos e interpretar lo que sucede se han convertido en actores políticos de relevancia, a punto tal de que sin que exista ningún acto judicial, administrativo o de otra naturaleza por el cual se reconozca el triunfo de la fórmula de Joe Biden y Kamala Harris, su gran mayoría ya ha consagrado a dicha fórmula como ganadora, llegando incluso al punto de que varios mandatarios de numerosos países ya han reconocido a Biden como ganador (incluso el propio premier Israelí).

Recordemos que algo similar ocurrió en el año 2.000 cuando pasó algo similar con el Washington Post a la cabeza declarando ganador a Al Gore y otros hechos similares. Lo concreto es que aún resta mucho camino por recorrer antes de que el “primer lunes después del segundo miércoles de diciembre’’ (como dice textualmente la Carta Magna norteamericana y que este año es del 14 de diciembre) se reúnan en los capitolios de cada estado los electores de cada partido y luego de emitir sus votos eleven las respectivas actas al parlamento nacional, quien reunido en asamblea deberá consagrar a la fórmula ganadora la primera semana de enero.

Recordemos incluso que la elección presidencial siete electores del partido demócrata en esa circunstancia se negaron a votar por la fórmula encabezada por Hillary Clinton, lo cual motivó a que interviniera la Suprema Corte de ese país para ratificar que cada estado tiene la más amplia autonomía para reglamentar el funcionamiento de lo que nosotros llamaríamos “colegio electoral’’, así como la remoción de los electores por parte de los partidos.

 Aquí conviene apuntar que la ley estadounidense no habla de un “colegio electoral’’, y que tampoco establece requisitos para ser elector, sino que solo establece algunas prohibiciones, tales como ser funcionario del gobierno federal, ocupar otro cargo por elección popular, etc., por lo cual esos cargos por lo general recaen en personas de reconocida trayectoria y fidelidad partidaria a quienes por su prestigio se los elige como electores.

   Lo que ya podemos ver es que el sistema de elección indirecto, que muchos condenan por no respetar quien obtiene la mayor cantidad de votos a nivel país, nos ha mostrado una profunda división entre el votante republicano de los sectores rurales y productores primarios del país y el votante de las grandes ciudades, especialmente en los estados costeros; en donde entre California y Nueva York suman ellos dos solos 90 electores. Si bien cada estado posee la misma cantidad de electores que diputados y senadores (más otros 3 electores por del Distrito de Columbia que no tienen representantes en el congreso); este sistema tampoco es estrictamente proporcional, pero impide que los grandes centros urbanos determinen quien presidirá el país, tal como en Argentina ocurre si consideramos que el Gran Buenos Aires lo hace, en desmedro de la voluntad de las demás provincias.

No debemos olvidar que el sistema fue diseñado por los Padres Fundadores en 1.787, aun antes de la Revolución Francesa y en donde el concepto de democracia no era el que occidente tiene hoy en día; y que uno de sus principales temores de entonces era el de no instituir una “tiranía de la mayoría”; lo cual hoy representa una de las deformaciones que más observamos en nuestras democracias.

Si bien el sistema favorece el bipartidismo, este es aceptado pacíficamente pues ha funcionado bien hasta el momento, y porque además para modificarlo se requiere modificar la Constitución Nacional que requiere no solo una mayoría de dos tercios del parlamento, sino luego la confirmación de las 50 legislaturas estaduales.

La batalla legal iniciada por Trump aún antes de las mismas elecciones (como fue en el estado de Pensilvania) aún tiene un final abierto.

Recordemos que después del conocido caso que la Suprema Corte resolviera a favor de George W. Bush en el año 2.000, han existido otros precedentes en donde el Máximo Tribunal ha aplicado de manera contradictoria en distintos casos ese precedente, tanto para descalificar grandes cantidades de boletas como para asegurar que las boletas no sean rechazadas arbitrariamente.

Por ejemplo, justo después de las elecciones de 2018, la campaña de reelección del senador demócrata de Florida Bill Nelson y un comité del Partido Demócrata del estado presentaron una demanda federal en la que cuestionaban la forma en que los funcionarios electorales de Florida verificaban las firmas en las boletas de votación por correo y en las boletas provisionales.

 Cuando un estado permite a los residentes votar por correo, según argumentó el equipo jurídico de la campaña en una demanda basada en el caso Bush vs. Gore, la Cláusula de Protección Igualitaria prohíbe al estado inducir “a sus votantes a una trampa de votación por correo arbitraria desde el punto de vista procesal, que los priva del derecho al voto”; y esto es precisamente una de las cosas que han ocurrido en estados como Nevada o Pensilvania (en este último incluso se desobedeció una orden judicial de no mezclar los votos por correo que iban llegando al centro de conteo con los votos emitidos presencialmente y en otros estados se ha llegado a llamar telefónicamente a votantes cuyas boletas emitidas por vía postal estaban incompletas).

El sistema norteamericano hace que el precedente Bush-Gore sea obligatorio para los tribunales inferiores, y este fallo sostuvo que los procedimientos de recuento (en Florida en aquel momento) infringían la Cláusula de Protección Igualitaria de la 14ª enmienda de la Constitución de los EEUU, que requiere que el estado no “valore el voto de una persona por encima del voto de otra”.

Y para ponerle un poco más de emoción a todo esto, ahora tenemos que quien fue el jefe de abogados de Bush en aquel entonces es hoy uno de los seis miembros de filiación republicana en la Suprema Corte (además de Barrett y Brett Kavanaugh designados por el propio Trump y que también fueron miembros del equipo legal de aquel entonces).

Aquella recordada decisión se ha seguido invocando en su contexto original, guiando la supervisión judicial de los recuentos de votos.

Eso la convierte en una herramienta atractiva para un presidente que se ha expresado públicamente en repetidas ocasiones sobre la suspensión de las tabulaciones de votos después del día de las elecciones. Pero el caso también podría ayudar a acelerar un recuento, como el presidente pudo observar de primera mano en noviembre de 2016, cuando la candidata presidencial del Partido Verde (Green Party) Jill Stein, solicitó un recuento de los votos emitidos en Michigan, un estado que en aquel entonces Trump parecía haber ganado por unos pocos miles de votos.

 El recuento de Stein no cambió el resultado, pero los jueces federales se basaron en parte en el caso de Bush vs. Gore para asegurarse de que se hiciera a tiempo, fallando a favor de la petición de Stein de renunciar al período de espera por boletas estipulado por la ley estatal antes de comenzar el recuento.

El retraso, argumentaron, podría impedir que el estado completara el recuento antes de la fecha límite federal clave. Una vez que un estado concede el derecho a un recuento, “el Estado no puede aplicar reglas de procedimiento arbitrarias o irrazonables para convertir ese derecho en una nulidad”, concluyó un juez federal de apelaciones.

Lo cierto es que más allá de este proceso y pese a las cruentas batallas electorales, la democracia estadounidense cuenta con instituciones republicanas sólidas y principios fundamentales que no solo aseguran un adecuado equilibrio de los diferentes poderes y su control, sino que lo convierte en un verdadero “estado derecho “, es decir en donde gobierna la ley –y en especial la Constitución Nacional– y no la arbitrariedad o la caprichosa voluntad de los gobernantes; lo cual garantiza a los habitantes de ese país poder gozar sin temor a ver avasalladas sus garantías constitucionales, y muy especialmente su libertad o su propiedad privada.

Tuve el privilegio de ser invitado en una oportunidad para observar el proceso de transición gubernamental; lo cual resulta una práctica que deberíamos imitar no solo en nuestro país, sino en casi toda Sudamérica (digo “casi”, pues Chile tiene ahora una ley que lo reglamenta).

Este proceso del traspaso del poder entre el presidente saliente y el entrante no comienza el día después de las elecciones o del triunfo de este último; sino que la preparación del cambio de mando se inicia mucho antes mediante un proceso informal que suele abrirse durante la primavera del año electoral (este año se inició en mayo); generando con ello un tiempo suficiente para que la nueva administración esté preparada para el día de la inauguración (así se denomina al acto final de la toma de posesión del nuevo mandatario y que la Constitución fija para el 20 de enero al mediodía indefectiblemente).

Este año –al igual que anteriores años electorales– este proceso comenzó con el envío por parte de la administración Trump de un informe a dos comités del congreso en donde informaba sobre las actividades encaminadas al traspaso y sobre la creación de un Consejo de transición, que –al igual que en las tres elecciones anteriores– este año está encabezado por Mary Gilbert, una veterana administrativa de carrera a cargo de los servicios generales de la administración; pues el traspaso pacífico y sin sobresaltos del poder es “una de las señas de identidad de nuestra democracia’’, como dijera George W. Bush frente al triunfo de Obama en 2008.

Este año, la reacción final de Trump y el resultado de las batallas judiciales son aún una incógnita; pero es seguro que en todo este tiempo y hasta el 20 de enero de 2.021 el equipo de transición deberá tener seleccionadas a las personas adecuadas para algunos de los cargos más importantes de la administración; y a partir de ahora y aunque el nuevo presidente no asuma el cargo hasta enero, Biden tiene el derecho de ser informado por los servicios de inteligencia sobre operaciones secretas o temas clasificados sobre actividades y gobernantes extranjeros.

Eso sí, el presidente saliente tiene derecho de usar el Air Force One hasta el mismo 20 de enero inclusive. La casa Blanca también se entrega de forma oficial el mismo 20 de enero, aunque el presidente saliente no tiene obligación de pernoctar en el 1.600 de Pensilvania Ave. hasta ese día.

* Abogado - Participó de la transición de la gestión Obama - Trump del 2017.

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