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8 de Noviembre de 2019 - Nota vista 1005 veces

Técnicos en acompañamiento terapéutico, se declararon en estado de “alerta y movilización”

Más de 70 trabajadores, técnicos matriculados en acompañamiento Terapéutico y psicogerontología se autoconvocaron debido a que la obra social IOSPER les adeuda más de 8 meses de haberes.

“La situación es extrema e increíble porque estamos hablando de la obra social IOSPER nosotros como trabajadores de la salud matriculados por el Ministerio de la Salud de la Provincia tenemos un atraso en nuestros pagos de más de 8 meses y se hace muy difícil vivir”, explicaba a este medio Natalia Palacio, técnica matriculada en acompañamiento Terapéutico, para luego acotar: “Esta condición nos devenga al mes un sueldo más por la cantidad de horas de acompañamientos que realizamos”. En ese sentido explicó: “Esta situación nos lleva a no poder costear los impuestos como AFIP y ATER, además de los impuestos que son exigidos por  IOSPER y que tenemos que tener al día para poder seguir prestando nuestros servicios, lo que es contradictorio porque cómo podemos tener todos los impuestos al día, si la obra social nos adeuda 8 meses de sueldos.

“Exigimos se regularicen los pagos, no solo porque es un reclamo justo, por las prestaciones ya brindadas, sino porque hay compañeras que la están pasando realmente mal, no solo por ejemplo que no pueden afrontar los gastos como el transporte, sino que no pueden sostener a sus familias, siendo que es una carrera universitaria que se dicta acá en la ciudad en la UADER en tres años, por eso esta problemática se trató en la universidad y como estamos huérfanos en el reclamo, falto de representación al no tener un ente que nos defienda decidimos autoconvocarnos y tomar medidas de protestas por ahora, pero no descartamos como última medida el paro de prestaciones’’, subrayó.

“Queremos que la sociedad sepa lo que está sucediendo, que hay responsables por esta situación y que hace imposible sostener el tratamiento terapéutico poniendo en riesgo la continuidad del mismo. Esta actitud irresponsable atenta contra la vulnerabilidad de las personas con discapacidad, violando los derechos, convenciones y  tratados internacionales”, concluyó.


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