El próximo lunes el juez federal N° 2 de Paraná, Daniel Alonso, deberá definir si falla a favor o en contra de Sabina Galfano, quien fue procesada por auto-cultivo de cannabis.  La definición del magistrado podría marcar un antecedente histórico en Argentina en el proceso de legalización del consumo  y auto-cultivo de  cannabis, tanto para uso recreativo como médico.

La expectativa es grande y se sentía en la puerta del juzgado, donde activistas de Apac y referentes de partidos de izquierda acompañaron la jornada frente al tribunal en Paraná.

“Acompañamos a Sabina porque es necesario que se siente un antecedente positivo y decidan absolverla, porque es necesario que el Estado acepte el consumo y auto-cultivo de cannabis, ya que la sociedad ya lo legitimó”, dijo Tabaré Etcheverría, integrante de  Apac.

En ese sentido, apuntó que “es una injusticia lo que le pasa a Sabina, no somos narcotraficantes, no somos delincuentes, estamos llevando adelante una lucha por lo que es la ampliación de derechos humanos, principalmente, sobre la autonomía y soberanía sobre nuestros cuerpos”.

Criminalización del consumo y el auto-cultivo por parte del

Estado.

Luego de la jornada, desde Apac indicaron que: “No podemos dejar de observar muy seria y críticamente la postura tomada por el ministerio Público Fiscal de la Nación al pedir condena de prisión a la compañera Sabina Galfano por el delito de siembra de cannabis para consumo personal”.

“De manera totalmente contraria a los fundamentos dados por la Corte Suprema de Justicia en los fallos Bazterrica y  Arriola, y abiertamente opuesta a la Constitución Nacional y los tratados internacionales de Derechos Humanos, la Fiscalía volvió a solicitar que se castigue a los usuarios de estupefacientes dentro de su ámbito de privacidad y libertad personal”, aseguraron.

Al respecto, precisaron que “un día más en la lucha por las libertades civiles, que patentiza de modo claro y explícito el interés del Estado por imponer una política de drogas de manera prohibicionista, paternalista e inconstitucional, que no encuentra sentido más que en el tan proclamado reclamo social de poner freno a la persecución estatal de los consumidores y usuarios”. (I:AIM)