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25 de Octubre de 2018 - Nota vista 610 veces

La Madrid presentó un proyecto que contradice las causales del Código Penal

El diputado provincial Joaquín La Madrid presentó un proyecto de ley que propone proteger casos de “gestación vulnerable” con el objetivo de que lleguen a término, entre ellos menciona al embarazo de personas con discapacidad o el que fuere producto de un abuso sexual, lo que va en contra de lo que establece el artículo 86 del Código Penal.

El objetivo de la iniciativa es “la protección integral de la vida de las personas embarazadas y los niños y niñas por nacer, desde la fecundación”.

Para ello el diputado de Cambiemos promueve la creación de un Programa Provincial de Protección del Embarazo y Gestación, para dar “seguimiento y acompañamiento a la persona para el apropiado desarrollo de su embarazo”.

La Madrid plantea que los agentes del servicio público de salud deberán notificar al Programa “toda vez que tomen conocimiento” de un caso de “gestación en situación de vulnerabilidad”.

Entre esas situaciones menciona dos causales para acceder al aborto legal en Argentina, contenidas en el artículo 86 del Código Penal: “cuando el embarazo fuere resultado de un abuso sexual” y “cuando la persona embarazada posea una discapacidad”.

Entre otros puntos polémicos, el Diputado propone brindar “especial atención a gestantes adolescentes mediante educación para la maternidad y apoyo psicológico” y promueve “convenios de colaboración con Organizaciones No Gubernamentales e Instituciones de Profesionales que se dediquen a la protección de la mujer, el niño por nacer y del embarazo”.

El proyecto señala también que la persona gestante “tendrá derecho a contar con ayuda médica y psicológica de un equipo interdisciplinario, si así lo deseare”.

Pero remarca que ese equipo “deberá intervenir de oficio cuando los resultados de la evaluación de vulnerabilidad social así lo recomienden”. Este último punto incluso podría estar en contradicción con el principio de reserva consagrado en el artículo 19º de la Constitución nacional.

Entre las funciones que tendrán estos equipos se encuentra la de “brindar información a la persona sobre los programas asistenciales con los que cuenta a fin de que puede llevar a buen término su embarazo”; y “derivar el paciente al especialista necesario en caso de detectarse una anomalía durante el embarazo o una situación que ponga en riesgo la salud de la persona gestante y/o su hijo por nacer”.

La iniciativa impone trabas para el acceso al aborto legal, ya que establece que “el médico o profesional de la salud a quien recurra la persona embarazada, deberá brindarle toda la información referida al procedimiento a practicarse y las consecuencias que la intervención puede causarle a su salud”.

Y además “deberá brindar toda la información referida a los procesos de adopción”.

El proyecto de ley recibió el acompañamiento de otros cuatro diputados del bloque de Cambiemos: la radical María Alejandra Viola y los integrantes del PRO Martín Anguiano, Esteban Vitor y Ayelén Acosta. Fue girado a la comisión de Salud y Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, y también a la Banca de la Mujer.

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