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19 de Septiembre de 2018 - Nota vista 578 veces

Gobierno dice que eximir de Ganancias al Poder Judicial costará $9.854 millones

Lo dice el Gobierno en el proyecto de presupuesto que envió al Congreso. En 2018, el Estado perderá $7.337 millones por ese rubro, y en 2019 la suma de $ 9.854 millones, equivalente al 0,05 del PBI.

El Ministerio de Economía calcula que por la exención del impuesto a las Ganancias a los ingresos de jueces y funcionarios de los Poderes Judiciales nacionales y provinciales, el Estado dejará de recaudar este año $7.337 millones y en 2019 la suma de $ 9.854 millones, equivalente al 0,05 del PBI.

Así figura en el Mensaje que acompaña al proyecto de Presupuesto 2019, según publicó Clarín. Es un aumento promedio del 34,3%, en ese rubro, en línea con la inflación promedio (34,8%) estimada en el proyecto. El tema vuelve en forma recurrente a la polémica y este año se reavivó por propuestas de diversas fuerzas políticas.

Entre los antecedentes de esta exención, hay que mencionar que en 1996, mediante la ley 24.631, el Congreso facultó al Poder Ejecutivo nacional a derogar o suspender diversas exenciones en Ganancias, incluida la de los magistrados y funcionarios judiciales pero una acordada de la Corte Suprema declaró inaplicable esa norma fundamentado en el principio constitucional que establece que los sueldos e ingresos de los jueces no pueden ser disminuidos.

En 2016, la ley 27.346 estableció que pagan Ganancias “los Magistrados, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación cuando su nombramiento hubiera ocurrido a partir del año 2017, inclusive”.

Como forma de establecer una comparación, la cifra de $ 9.854 millones que no recaudará el Estado por la exención a jueces y funcionarios judiciales, es muy similar al gasto que prevé el Presupuesto en inversión en Educación (Gastos de Capital), que para 2019 será de 10.166, una cifra que se mantiene congelada en términos nominales desde 2018, lo cual representa una caída en términos reales del 28% del dinero destinado a la infraestructura de los establecimientos educativos.

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