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10 de Agosto de 2018 - Nota vista 705 veces

Protesta de los empleados del IAPV

Los trabajadores del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) rechazan las acciones del gobierno nacional en el marco del agresivo ajuste a la inversión pública que viene practicando para poder continuar con el ciclo de endeudamiento. En ese sentido, “la construcción de viviendas sociales para los sectores más vulnerables sufre un nuevo golpe”, enfatizaron.

“Advertimos durante 2017 que la reconfiguración de los programas nacionales de vivienda iba a traer aparejado una disminución en la construcción de nuevos grupos habitacionales. No nos equivocábamos, desde el 1º de enero de 2016 NO SE HA FINANCIADO LA CONSTRUCCIÓN DE NINGUNA NUEVA OBRA”, enfatizaron.

Es así que “hoy la situación es mucho más preocupante, pues el gobierno nacional exige a las provincias la renuncia al Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) único recurso que ingresa directamente por Coparticipación Federal a los Institutos de Vivienda y que durante más de 40 años ha financiado la vivienda social”.

Al respecto, explicaron que “este Fondo significa para el IAPV un tercio del volumen total disponible para soluciones habitacionales, y que hoy, son el medio para concluir las viviendas en ejecución que la Nación dejó de financiar argumentando errores en la confección de las rendiciones. En este sentido los trabajadores del IAPV reiteramos que los certificados fueron confeccionados conforme a las planillas que la propia Secretaria de Vivienda de la Nación envió”, en relación a los dichos por el ministro de Interior Rogelio Frigerio y el secretario de Vivienda de la Nación, Iván Kerr.

“En los 60 años que cumple IAPV jamás nos pasó de sentirnos ninguneados con nuestro trabajo, como nos hacen sentir las declaraciones de Frigerio y Kerr. Somos gente profesional que, muchos de nosotros, hace más de 30 años que estamos trabajando y cumplimos con cada uno de los requerimientos que el gobierno nacional solicita”, señalaron los trabajadores del organismo provincial.

En ese contexto y “sumado a los 500 millones de pesos que se adeuda a nuestro Instituto, la quita del Fonavi implicará no sólo renunciar a un financiamiento de más de 700 millones de pesos anuales sino también al derecho reconocido por Ley Nacional a la totalidad de las provincias para construir viviendas de interés social con los recursos que todos ciudadanos aportamos”.

Remarcaron que “el costo social a pagar por este ajuste también impactará en la creación y mantenimiento del empleo, que en nuestra provincia estimamos entre 8.000 y 10.000 puestos de trabajo directos e indirectos que se perderán en este sensible rubro. En el caso de nuestro Instituto, el impacto lo siente en una planta de más de 300 empleados que vemos desaparecer nuestro horizonte laboral ante un Instituto que cada año inicia menos obras”.

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