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3 de Mayo de 2018 - Nota vista 1087 veces

El acuerdo con Carrefour es inconstitucional

El Ministerio de Trabajo homologó un acuerdo entre Carrefour y el Sindicato de Comercio en el marco del Procedimiento Preventivo de Crisis. 

Lo hizo reformando la cláusula del acuerdo original donde se eximía por 18 meses a la empresa de abonar el 50% de las contribuciones patronales a la seguridad social por el total de la nómina de trabajadores, finalmente sólo contempla que se consideren no remunerativos a los aumentos salariales pactados a partir de Abril del corriente y al rubro “Adicional Empresa”.

La modificación que efectuó el gobierno, es un maquillaje donde Carrefour ha sido beneficiado visiblemente.

Carrefour no realizará aportes sobre los aumentos que los trabajadores perciban de aquí en adelante, sino que tampoco lo hará sobre un porcentaje de sumas salariales que antes eran objeto de contribuciones a la seguridad social.

1.- Los retiros voluntarios se ofrecen con el 150% de la indemnización por antigüedad COMO TOPE. Es decir que nada impide que la empresa presione a los dependientes y termine negociando sólo con aquellos que estén dispuestos a firmar los acuerdos por la menor suma posible.

2.- Carrefour no se obliga a abstenerse de cerrar sucursales, sino que simplemente debe comunicarlo con 30 días de anticipación al Ministerio y el Sindicato.

3.- En caso de cierre, se prevé que Carrefour reubique a los empleados “verificando la posibilidad de asignarlos a sucursales cercanas a sus domicilios”.

Tampoco hay ninguna obligación de Carrefour donde concretamente especifique que no despedirá personal.

Puede observarse en la homologación del Ministerio de Trabajo, que pese a la afectación del carácter salarial de la retribución de los trabajadores, el sindicato continuará recibiendo los aportes por la totalidad de las sumas que perciben los empleados.

La realidad indica que en más de una ocasión, durante los últimos años los conflictos salariales entre sindicatos y empresarios fueron “destrabados” mediante la incorporación de adicionales de esta índole, resultando homologados por el Ministerio de Trabajo pese al rechazo prácticamente unánime que reciben de los tribunales desde que la CSJN dejó sentado su criterio.

Al ser menores los aportes jubilatorios, más allá del lógico perjuicio que implica para el individuo, es el propio sistema de la seguridad social quien se desfinancia.

Con respecto al sector gremial, es llamativo ver con que liviandad acepta la inclusión de esta clase de sumas en el marco de los convenios colectivos, a pesar de las nefastas consecuencias que implican sobre sus representados.

Por el contrario, al defender su incidencia en los aportes sindicales y de las obras sociales cuyos fondos administran, llevan adelante una férrea defensa que no permite comprometer de ninguna forma su ingreso íntegro –y progresivo-.

Además, no resulta coherente ni justo que luego de transcurrido un tiempo sea el propio sindicato quien, asesorando jurídicamente a muchos de sus representados, los incite a desconocer la naturaleza no remunerativa de las sumas que pactó.

Por último, el desempeño del Estado a través del Ministerio de Trabajo, no fue el correcto, se sabe que una de sus funciones es efectuar el control de legalidad previo a homologar acuerdos realizados en el marco de la negociación colectiva.

 Esta postura del organismo, que se desentiende de su responsabilidad al verificar la ilegalidad de las cláusulas, constituye un palmario incumplimiento de las funciones públicas que detenta.

En el acuerdo entre Carrefour y el Sindicato de Comercio, avalado por el Ministerio de Trabajo, se ha promovido explícitamente la inclusión de esta clase de rubros, sosteniendo que para fomentar la actividad económica es necesario disminuir los gastos empresarios.

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