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Garantiza el tratamiento y las adaptaciones escolares - 19 de Abril de 2018 - Nota vista 519 veces

Se reglamentó la ley de dislexia

Este titular no es una noticia, es una ley que se aprobó en el 2016 que hasta el día de hoy posee grandes deficiencias en su cumplimiento. 

Es la número 27.306 y garantiza el derecho a la educación de las personas con Dificultades Específicas de Aprendizaje, como la dislexia. La misma se reglamentó en el año 2016 el 4 de noviembre, lleva dos años en vigencia. Sin embargo las quejas referidas a su puesta en práctica son diarias. Por esto hicimos algunas consultas a Emanuel Monzalvo (abogado), quien explica los altercados que tienen las familias para que las obras sociales o prepagas den las prestaciones correspondientes a los pacientes que en muchos casos son niños.

Quisimos saber en principio en qué beneficia esta ley a la hora de solicitar prácticas, terapias adicionales y apoyo escolar para nuestros hijos. “Estas leyes son complementarias de los tratados de los derechos humanos y sobre discapacidad, si bien la problemática es vieja lo que hace la 27.306 es visibilizar este tema”, opina el doctor. 

La ley en vigencia obliga a la sociedad, como a las escuelas, a integrar los trabajos referidos a estos temas. Además a la detección temprana de dificultades de aprendizaje y que los docentes sean capacitados para poder realizar el primer diagnóstico, entre otras. “Sobre todo y lo más importante es que obliga a las obras sociales y entidades de medicina prepaga a otorgar las prestaciones necesarias para detección primaria, diagnóstico y tratamiento”. 

Planteemos una situación hipotética, “una madre pide (X) sesiones de fonoaudiología para su hija, la obra social o prepaga debería darle las sesiones que el médico haya considerado necesarias”. Pues esto no se estaría cumpliendo en la práctica. 


“En realidad no funciona nada bien, siempre es una complicación y pedir prestaciones a obras sociales o prepagas. Tenés que iniciar un trámite administrativo- te piden muchos papeles- una vez que el paciente llega a tener todo ingresan el trámite y te avisan que  tardará entre 20 o 25 días”, cuenta Monzalvo.  

Pero la cuestión no solo es que en estos momentos hay una persona que espera prácticas médicas, sino que en general la respuesta nunca llega, o llega luego de los tres meses. En todo este tiempo los prestadores de servicios, médicos, kinesiólogos terapeutas, acompañanetes terapéuticos, maestras integradoras, entre una gran lista trabajan gratis.

Emanuel cuenta que además de tardar, luego del primer pago se corta el suelto y se debe hacer nuevamente los trámites: «imaginate que muchos profesionales en ese tiempo se cansan y por cuestiones obvias dejan de trabajar». No olvidemos que esto implica que los pacientes quienes mes a mes aportan o pagan sus servicios médicos quedan a la deriva. Por supuesto que no solo esta ley se cuestiona en la aplicación sino que la 24.091 de discapacidad trae consigo los mismos defectos. «Para que te des una idea ni las drogas odontológicas son fáciles de conseguir».


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