El Poder Ejecutivo provincial remitió a la Cámara de Diputados un proyecto de Ley por el que eximirá del pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos a la actividad de construcción realizada o ejecutada en el marco del Programa Casa Propia Construir Futuro.
La provincia, a través de ATER, puso en vigencia un nuevo esquema de menores alícuotas para el cobro del Impuesto a los Ingresos Brutos referidos a los Agentes de Retención y Percepción y a las retenciones sobre las acreditaciones bancarias (SIRCREB), a partir del próximo 1° de febrero.
“El 93 por ciento de los productores entrerrianos no está pagando Ingresos Brutos y en 2020 el beneficio se extenderá a todos”, destacó el gobernador Gustavo Bordet al reunirse en la Bolsa de Cereales con la Mesa de Enlace, la Cámara Arbitral de Cereales, la Asociación de Cooperativas, y otras entidades del sector agropecuario de toda la provincia. Satisfacción de las entidades por las respuestas recibidas.
Así lo indica el segundo informe ejecutivo de la ATER, tras el análisis del cierre del régimen de regularización para el sector comercial. Respecto del año anterior, el 72 por ciento de los contribuyentes redujo su alícuota.
José Persigo gerente del Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia (CCISC), Adrián Lampasi, secretario y algunos distribuidores y mayoristas de nuestra ciudad, charlaron con El Heraldo sobre su desconformidad en el aumento de ingresos brutos.
Está en proyecto en el congreso entrerriano la llamada “Ley de Consenso Fiscal”, con la cual se intenta una reforma, que en su primer escalón ya representa un gran tropiezo para la economía de esta provincia, hundida en una altísima presión fiscal.
El director de la Federación Agraria Argentina delegación Entre Ríos, Elvio Guía, definió como “positivo” el cambio propuesto por el Ejecutivo. El nuevo tope para el pago del tributo dispensa “a la mayoría de productores que representamos que son pequeños y medianos”, afirmó y aseguró que es una demanda largamente expresada por el sector.
El gobierno cordobés eliminará la sobrealícuota del Impuesto a los Ingresos Brutos que hasta ahora grava los insumos industriales que entran a Córdoba desde otras provincias o la venta de esos bienes por parte de comerciantes locales.