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7 de Septiembre de 2019 - Nota vista 1527 veces

Rechazaron la absolución de Sergio Urribarri por el desvío de 47 millones de pesos

El juez de Garantías de Paraná no aceptó sobreseerlo. Los fondos se habrían desviado para su campaña presidencial en 2015.

El juez de Garantías de Paraná, Ricardo Bonazzola, rechazó este viernes el pedido de los abogados defensores del ex gobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri de sobreseimiento del ex mandatario, en la causa conocida como “sueño entrerriano”, en la que se investiga el desvío de 47 millones de pesos para promocionar su campaña presidencial de 2015.

Los delitos por los que los acusan son “negociaciones incompatibles con la función pública”, “direccionamiento de publicidad oficial” y “peculado”, entre otros, explicaron fuentes judiciales.

Comenzó el control de prueba en la causa sueño entrerriano.

La audiencia entró en un nuevo cuarto intermedio desde las 13.30 de este viernes hasta el lunes a las 17.

Antes, el juez Ricardo Bonazzola rechazó los planteos defensivos que se hicieron el viernes pasado, y que apuntaron a lograr el sobreseimiento de los imputados. Su resolución motivó las apelaciones de los defensores, quienes reclamaron suspender la audiencia con el fin de ganar tiempo para fundar sus reclamos. Ese nuevo pedido tampoco fue concedido por el juez y por eso interpusieron dos recursos de reposición.


Después de un cuarto intermedio, todo fue rechazado por Bonazzola. Y, finalmente, se comenzó con la etapa de control de prueba.

Los legajos sobre los que trabajan defensores y fiscales son tres, uno de ellos el 61.211 que investiga la solicitada en 18 diarios en contra de los fondos buitres, de junio del 2014. La fiscalía le imputa a Sergio Urribarri y Pedro Báez que siendo gobernador y ministro de Cultura y Comunicación de Entre Ríos respectivamente, habrían sustraído de la partida presupuestara DA 984, cuya custodia tenían a cargo, la suma de $4.308.500,23 para difundir la solicitada titulada “Acuerdo de Compromiso para la Reafirmación Democrática Argentina.

El texto fue publicado en los diarios Clarín, La Nación, Ámbito Financiero, El Cronista, Buenos Aires Herald, Tiempo Argentino, El Argentino, Crónica, Página 12, El Litoral de Santa Fe, El Diario de Paraná, Uno de Santa Fe, Entre Ríos y Mendoza, La Capital de Rosario, El Sol de Concordia, El Día de Gualeguaychú y La Calle de Concepción del Uruguay.

Para los acusadores, esa publicación tuvo como único fin promocionar, con fondos públicos, la precandidatura a presidente de Urribarri. Sostienen que la solicitada se tramitó bajo el expediente N° 1603731, y que Báez la justificó “ficticiamente” con el argumento de que era necesaria la difusión de actos de gobierno.

Los letrados Raúl Barrandeguy e Ignacio Díaz también pidieron el sobreseimiento del diputado provincial y ex ministro de Comunicación y Cultura provincial, Pedro Báez ya que consideran que “no hay delito”, y de otros imputados a los que representan.

Los abogados consideraron que “los decretos que aprobaron las partidas de dinero pasaron sin reparos el filtro del control administrativo” correspondiente.

Indicaron que de haber cometido un delito, deberían ser imputados también los responsables de dichos organismos de control administrativo.

En tanto, el Ministerio Público Fiscal integrado por Cecilia Goyeneche, Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano rechazó el pedido y afirmaron que existe “suficiente evidencia” como para iniciar un juicio.

En diciembre, los fiscales pidieron 9 años de prisión para Urribarri, y 8 para Báez.

El juez Bonazzola rechazó el pedido de los abogados defensores e inició el control de prueba para la elevación a juicio oral, aunque esta decisión será apelada por los letrados.

Además, están imputados los ex coordinadores de la Unidad Operativa de la Cumbre del Mercosur realizada en Paraná en 2014: Gustavo Javier Tórtul y Hugo Félix Céspedes; el ex ministro de Turismo provincial, Hugo Marsó.

El cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera; la contadora de las empresas implicadas, Corina Cargniel, y el ex director de Contenidos del Fútbol para Todos, Gerardo Caruso, también figuran en la causa. Para Tórtul, Marsó, Céspedes y Caruso solicitaron cuatro años de prisión y seis para Cargniel, mientras que para Aguilera pidieron una pena de ocho años de prisión. También para todos los implicados solicitaron la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y una multa de 90 mil pesos.

Si bien fueron tres las causas que se iniciaron, los fiscales unificaron los expedientes ya que todos se basan en la “utilización de fondos públicos para financiar la campaña presidencial de Urribarri durante 2015”.

Según la investigación, se desviaron 4.308.500 pesos destinados a la publicación de una solicitada en 18 diarios nacionales contra los fondos buitre; y 14.561.870 de pesos para la instalación de un parador playero en Mar del Plata.

Asimismo, siempre según la investigación judicial, se utilizaron cerca de 28 millones de pesos para contratar a la productora “Nelly Entertainment” de Jorge “Corcho” Rodríguez, para difundir spots de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur realizada en Paraná en 2014.

A mediados de 2017, Rodríguez acordó con la fiscalía la suspensión del juicio a prueba por un año, el pago de 150.000 pesos al Estado y realizar “campañas de bien público en beneficio del comedor Los Piletones, de Margarita Barrientos”. (I: Analisis-Clarin)


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