Política

30 de Mayo de 2018 - Nota vista 628 veces

Imputaron al presidente y a un vocal de la Caja de Jubilaciones municipal de Federación

La fiscal de Federación, Fanny Teresa Kern, dispuso la imputación de Juan Rafael Dagani y de Hugo Batalla, presidente del directorio y vocal de la Caja de Jubilaciones municipal respectivamente.

Es en el marco de una investigación iniciada tras la denuncia, en agosto del año pasado, de un trabajador municipal que aseguró que detectó que usaron facturas de su propiedad para cobrar tareas no realizadas en campos en los que el organismo previsional local invierte en Federación. Ambos acusados son cercanos al intendente Carlos Cecco (Cambiemos).

La denuncia del trabajador Glorioso Alcides Acosta fue acompañada con la firma del concejal opositor Lisandro Reniero. Se realizaron allanamientos, se solicitaron informes a diversos organismos y se analizó copiosa documentación antes de llegar, el jueves de la semana pasada, a la imputación de ambos denunciados.

“Entendí que con los elementos del legajo era factible la imputación, tras la investigación que estaba llevando adelante la Fiscalía, en la cual se reunió mucha documentación y se impulsaron numerosos pedidos de informes”, describió la fiscal Kern.

Acosta es empleado de la Municipalidad de Federación. Su principal tarea consiste en realizar desmontes en la localidad. En 2011, desde la Caja de Jubilaciones y Pensiones del gobierno local lo llamaron para realizar unos trabajos extra en dos campos propiedad del organismo, destinados esencialmente a la forestación. Para poder cobrar, según contó ante la Justicia, le dijeron que tenía que adherirse al monotributo. El hombre no sabe leer ni escribir así que, como pudo, firmó los papeles que le acercaron y no puso objeciones cuando le indicaron que allí en la Caja manejarían sus talonarios de sus facturas, según se pudo saber.

Acosta hizo y cobró algunos trabajos entre 2011 y 2015. “Cuando terminó, fue a pedir sus facturas y su documentación, pero no se la quisieron dar. En abril del año pasado, decidió insistir y logró, carta documento mediante, que le dieran un talonario al que le habían arrancado la mitad de las facturas. Allí constató que figuraban como pagados numerosos trabajos que él nunca realizó, pero que alguien cobró en su nombre”, relató a este medio meses atrás el concejal Reniero (FpV), representante de la minoría en el directorio de la Caja de Jubilaciones.

La Caja de Jubilaciones municipal se creó en los años ’90, junto a otros organismos del mismo tipo en distintas ciudades entrerrianas. Desde hace años, su directorio es encabezado por Dagani, a quien Acosta señala como la persona que lo convocó para hacer los trabajos.

Dagani es conocido en la localidad por su fuerte ligazón con el intendente Cecco y también por su anterior rol de sindicalista. Por años estuvo al frente primero de la Unión de Obreros y Empleados Municipales (UOEM), que luego se convirtió en el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM). En esa época, entre 2000 y 2001, según pudo constatar este medio, fue condenado a dos años de prisión condicional por el delito de administración fraudulenta mediante un fallo que luego fue revocado. Pero en el medio del proceso la Justicia verificó que el entonces dirigente sindical presionó a testigos y terminó con una condena firme por amenazas de tres años de prisión condicional.

Dagani dejó luego la actividad gremial para integrar el directorio de la Caja de Jubilaciones, en el cual es presidente desde hace ocho años, con el voto de los aportantes y el aval político del intendente Cecco. Batalla, en tanto, reviste carácter de vocal y también resultó imputado.

Ante el relato del trabajador Acosta, el bloque del FpV presentó un pedido de informes en el Concejo Deliberante local dirigido al directorio de la Caja de Jubilaciones. La acción provocó que el directorio del organismo dispusiera la realización de un sumario administrativo interno, a cargo de un abogado de Concordia de apellido Estévez, propuesto por el propio Dagani. En su rol de vocal del organismo por la minoría, Reniero se opuso y solicitó la intervención del Tribunal de Cuentas, pero no logró los votos necesarios. Fue por eso que decidió acompañar a Acosta a Tribunales a hacer la denuncia.

Las facturas de la mitad del talonario que le devolvieron a Acosta son unas 30 y van desde de los 6.000 a los 11.000 pesos. “En total, suman 177.106 pesos. Pero faltaría la otra mitad y un talonario anterior. En las facturas figuran firmas que Acosta no reconoce como propias y algunos números de cheques emitidos por la Caja de Jubilaciones con los que fueron abonadas”, señaló Reniero.

El del cobro de los cheques es uno de los rastros que siguió la Justicia, para lo cual libró oficios a entidades bancarias. Quedó a cargo de la investigación la fiscal Fany Kern, quien al día siguiente de la denuncia dispuso la realización de allanamientos en la sede de la Caja de Jubilaciones. También fue requisado el estudio particular del contador del organismo, entre otras medidas. El jueves de la semana pasada, la funcionaria judicial dispuso la imputación tanto de Dagani como de Batalla.


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