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Violencia de género - 20 de Marzo de 2018 - Nota vista 3011 veces

Penalizar como delito de desobediencia el incumplimiento de medidas cautelares

“Venimos impulsando desde el año 2015 un proyecto de ley para tipificar como delito de desobediencia la violación de resoluciones judiciales (como medidas cautelares) dictadas en el marco de un proceso iniciado mediante una denuncia por violencia de género o familiar; agravar las penas en estos casos y que se ponga en conocimiento del hecho al juez/a penal en un plazo máximo de 24 horas”, explicó Kunath al referirse al proyecto presentado este año.

“En 2016 logramos la aprobación en el Senado, pero por falta de tratamiento en Diputados, cayó la media sanción, volviendo a foja cero. Este año volví a presentar el proyecto, incorporando los aportes introducidos en Comisión, esta vez acompañada por la senadora Norma Durango, que esperamos tenga un tratamiento ágil y avance hacia una pronta sanción”.

“Estamos hablando -explicó Kunath- de aquellas medidas urgentes que se disponen en el marco de un proceso en el cual ha existido una denuncia por violencia de género, tales como prohibiciones de acercamiento o restricciones perimetrales”. Y en este sentido, señaló que “debe haber un Estado presente desde cada una de sus instituciones, dando señales que sean expresas en función de lo que significa el incumplimiento de una restricción perimetral, cuando se viola o se desobedece el mandamiento de un juez/a y cuando este juez/a también debe sancionar de diferente manera a como se ha venido haciendo. Esto tiene que ver con tratar a los delitos que se cometen mediando violencia de género como lo que verdaderamente son: delitos”, aseveró.

En el texto del proyecto se propone incorporar un párrafo al artículo 239 del Código Penal en el que se deja claramente especificado que constituye delito de desobediencia la violación de una resolución judicial dictada en el marco de un proceso en el que existiera una denuncia efectuada por violencia de género contra la mujer o violencia familiar y se eleva el mínimo de la pena a 60 días y el máximo a tres años. Además, se modifica el artículo 32 de la Ley 26​.485 de Protección Integral de la Mujer, estableciendo que cuando haya una desobediencia el juez/a en lo civil tendrá un plazo máximo de 24 horas para poner en conocimiento del hecho al juez/a con competencia en materia penal.

“Muchas mujeres que deciden denunciar los hechos de violencia padecidos comienzan a sentir un segundo maltrato producto de la falta de acompañamiento que evidencian durante dicho proceso. En este marco se inscribe esta iniciativa que tiene por objeto dotar al ordenamiento penal de los elementos necesarios para ampliar la protección a las mujeres víctimas, fundamentalmente durante aquellos períodos de mayor exposición a sufrir agresiones”, explicó la legisladora entrerriana.

Hay un proyecto que presentó el diputado de Cambiemos, Diego Mestre, con el mismo objetivo que el nuestro que hasta diciembre no tuvo tratamiento en la Cámara Baja, así que celebramos que el tema sea tomado por el oficialismo, y creemos que sería importante que esa voluntad se expresara además en posibilitar el tratamiento de los proyectos existentes y avanzar con leyes que son fundamentales para la salvaguarda de esas mujeres y sus hijos e hijas en momentos dramáticos”, agregó.


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