Política

1 de Marzo de 2018 - Nota vista 419 veces

Se legislaría la acción popular de inconstitucionalidad

La comisión de Asuntos Constitucionales de la cámara baja, dio dictamen favorable a una iniciativa del diputado Jorge Monge (Cambiemos-Diamante) por la cual – de convertirse en ley - se incorporaría a la ley de Procedimientos Constitucionales de Entre Ríos.

La comisión de Asuntos Constitucionales de la cámara baja, dio dictamen favorable a una iniciativa del diputado Jorge Monge (Cambiemos-Diamante) por la cual – de convertirse en ley - se incorporaría a la ley de Procedimientos Constitucionales de Entre Ríos (Nº 8369) la “Acción Directa de Inconstitucionalidad” de cualquier norma provincial o municipal.

El proyecto de ley contenido en el Expte. 22471 pretende reglamentar el art. 61º de la constitución provincial, estableciendo que todo habitante de Entre Ríos, en el solo interés de la legalidad – es decir sin necesidad de tener un interés económico o personal o verse afectado directamente por una ley, decreto, resolución, ordenanza, etc., podrá demandar ante el Superior Tribunal de Justicia la declaración de inconstitucionalidad de una norma contraria a la constitución provincial. 

En los fundamentos de la iniciativa se pone de resalto que con la sanción del texto reformador de la Constitución Provincial, nuevos institutos que fortalecen la democracia se pusieron al alcance de los habitantes de la Provincia, aguardando varios de ellos su reglamentación. Uno de ellos es la “acción directa de inconstitucionalidad provincial” garantizada por el art. 61º de la carta provincial. 

“Esta acción iuspublicista, directa o popular - expresó el diputado Monge - es un instituto que en nuestro derecho público provincial propicia conjugar la participación popular en la defensa de nuestra Constitución provincial.  

Este dispositivo, que las normas de procedimiento contenidas en la Ley 8369 no contemplan, debe estar reglamentado a fin de lograr que esta herramienta de participación popular en la defensa de la legalidad y del orden constitucional provincial tenga real y plena efectividad y vigencia y para alejar las hipótesis de rechazo por falta de reglamentación. 

“Esta herramienta incorporada por unanimidad al texto magno entrerriano por la Convención Reformadora de 2008 para defender la legalidad del Estado y el orden constitucional muchas veces conculcado por normas generales de inferior rango, claramente contrarias a la constitución provincial debe contar – a casi diez años de su incorporación – con la reglamentación en la Ley de Procedimientos Constitucionales” finalizó Monge.