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Prohibición del uso de glifosato - 6 de Diciembre de 2017 - Nota vista 346 veces

Un tema de salud pública que no admite medias tintas ni oportunismos

En las últimas semanas se hicieron públicas diversas iniciativas que promueven la prohibición de la utilización del glifosato en 4 municipios del país (en algunos casos también estipulan la prohibición de la comercialización y acopio de esta sustancia).

 Tres de ellos en la provincia de Entre Ríos (Gualeguaychú, Paraná y Concordia) y uno en la provincia de Santa Fe (Rosario).

 Se trata de provincias que son el epicentro de producciones agropecuarias asociadas a un paquete tecnológico que cuenta entre sus ingredientes principales los venenos de síntesis química que están causando enormes daños a la salud de la población y al ambiente.

Las normativas y la prohibición de uso en ejidos urbanos

Cabe destacar que las normativas han sido impulsadas por distintas fuerzas políticas en cada uno de los casos: en Gualeguaychú se trata de una propuesta realizada por el ejecutivo municipal perteneciente al Frente para la Victoria, en Concordia y Paraná las iniciativas fueron propuestas por concejales de cambiemos y en el caso de Rosario es un proyecto conjunto de concejales del Frente Ciudad Futura y de Compromiso con Rosario.

Hasta el momento la única norma que se encuentra aprobada y en vigencia es la correspondiente a la Ciudad de Paraná, ya que si bien en Rosario se había aprobado, luego de una reunión con entidades de la agroindustria, un conjunto de concejales dieron marcha atrás y mediante una maniobra administrativa denunciada como fraudulenta cambiaron su voto.

En los casos de Concordia y Gualeguaychú las iniciativas aún no han sido tratadas en los respectivos consejos deliberantes.

Las razones

Investigaciones recientes realizadas por científicos del CONICET señalan que los campos entrerrianos están en la cima del ranking de los territorios con mayor acumulación de glifosato a escala mundial. Dos Universidades Nacionales (Rosario y La Plata) han hecho estudios en los que se ha constatado la presencia de agrotóxicos en suelo, aire y agua en la zona de San Salvador.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce los efectos de los agrotóxicos e identifica cinco pesticidas (entre ellos el glifosato) como “probablemente cancerígenos para los humanos”.

En los considerandos de las normativas señaladas se hace referencia a la necesidad de cuidar la salud de la población y el ambiente reconociendo de manera directa lo que durante años se ha intentado negar y ocultar, lo que muchos aún a pesar de las evidencias científicas quieren seguir negando y ocultando.

Estas normativas vienen a reconocer de manera tardía la necesidad de ajustarse al “principio precautorio” establecido en el principio 15 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo en 1992, definido de la siguiente manera: “Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deben aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades.

Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”.

Cabe destacar que este principio tiene fuerza vinculante en la legislación argentina y ha sido receptado en el artículo 4º de la Ley Nacional de presupuestos mínimos ambientales.

Lo que falta

Desde la Red Piri-Hué consideramos que estas normativas abren la posibilidad de discutir a nivel social una problemática sumamente importante que las organizaciones sociales, ambientales, campesinas e indígenas vienen denunciando desde hace muchísimos años y sobre las cuales han tomado posición entidades internacionales como la FAO y la OMS. Un sistema productivo que contamina, mata y envenena no puede sostenerse más.

En este sentido queremos llamar a las fuerzas políticas, funcionarios y legisladores que en nuestra provincia han impulsado y votado éstas normativas a posicionarse respecto a la necesidad de avanzar en una legislación provincial y nacional que estipule prohibiciones en el mismo sentido.

Legislar prohibiendo el uso de agrotóxicos en los ejidos urbanos donde se utiliza una proporción muy poco significativa del total de glifosato sin propiciar la necesidad de avanzar en prohibiciones más generales a nivel provincial y nacional, que abarquen también a las poblaciones rurales y los pequeños poblados, que son quienes sufren de manera directa las consecuencias del uso de agrotóxicos nos parece insuficiente y da lugar a pensar que se está haciendo un uso oportunista de un problema que por la enorme gravedad que reviste se ha instalado en la opinión pública.

Si se trata de defender la salud de la población y el ambiente, no puede haber medias tintas y es necesario llegar allí donde el problema es más grave y genera las mayores consecuencias, sin esto se corre el riesgo de quedar en una declaración de intenciones para la tribuna.

Con la salud no se juega, con la salud no puede haber ambigüedades y oportunismo. Como decía Andrés Carrasco “No existe razón de Estado ni intereses económicos de las corporaciones que justifiquen el silencio cuando se trata de salud pública”

Avanzar en una transición a la agroecología

Creemos que además de establecer normativas que prohíban el uso de los tóxicos que nos están matando, resulta urgente y prioritario establecer un marco jurídico y generar políticas públicas con financiamiento adecuado que permitan avanzar en un proceso de transición hacia la producción agroecológica.

Existen sobradas experiencias exitosas de producción agroecológica tanto extensiva como intensiva que dan cuenta que es posible producir de otra manera, con tecnologías e insumos biológicos, generando trabajo, priorizando los alimentos sanos, el cuidado de la salud y el ambiente, disminuyendo la utilización de combustibles, incrementando incluso la rentabilidad.

Se trata a nuestro entender de tener la voluntad política de avanzar en esta línea, priorizando la vida por sobre los intereses de las corporaciones que hacen negocios con nuestra salud.

Se trata de destinar esfuerzos y recursos a una reconversión urgente.

En este sentido hemos avanzado en la elaboración de una propuesta para trabajar a nivel local que estaremos compartiendo esperando que contribuya a redoblar los esfuerzos hacia una agricultura sana, libre y soberana y hacia una producción que tenga como objetivo primordial garantizar la soberanía alimentaria.

Red de Comercio Justo Pirí-Hué/Concordia