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9 de Noviembre de 2017 - Nota vista 421 veces

Adhieren al protocolo ILE del gobierno de Entre Ríos

Es la autonomía de nuestros cuerpos la que se encuentra en disputa. Una autonomía que implica la compresión del entramado social, cultural, económico y político en el que se inscribe esta afrenta reaccionaria. Decimos que la derecha viene por todo y con ello, también viene por los derechos que todavía no conquistamos.

El Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo es una política de las tantas que reivindicamos del último gobierno popular, así como también lo son otras conquistas entre las que se destacan la Ley de Identidad de Género, la de Educación Sexual Integral (ESI), la de Fertilización Asistida, de Matrimonio Igualitario, la de Salud Sexual y Reproductiva, el nuevo Código Civil y Comercial. Todas conquistas que sufrieron el ataque de estos mismos sectores y que hacen a la felicidad del pueblo trabajador.

Festejamos y defendemos que el gobierno peronista de Gustavo Bordet haya adherido a este protocolo a través de una Resolución firmada por la Ministra Sonia Velazquez, pero queremos que quede claro que dicha decisión no es más ni menos que cumplir con la Ley, en este caso, con las excepciones que el Código Penal prevé desde 1922 respecto de los supuestos de no punibilidad del aborto, los cuales en resumen son dos: Violación o Riesgo a la Salud.

En Argentina todo aquel con capacidad de gestar tiene derecho a solicitar una interrupción legal. Nosotras creemos (y aquí sí nuestras creencias) que una mujer que queda embarazada como producto de una violación debe poder interrumpir ese embarazo no deseado, al igual que creemos que una mujer a la cual un embarazo puede costarle su salud también debe poder tener la opción. Esto además de ser una creencia nuestra esta expresado en nuestras leyes y fallos judiciales y he allí lo más importante: la ILE no es la legalización del aborto. Los grupos anti derechos -que son una expresión minoritaria de los feligreses o de los creyentes y de la política- pretenden confundir a los entrerrianos con la publicación que han hecho. Y si bien esto es así creemos que es necesario avanzar en la discusión en nuestra provincia para que el Congreso pueda discutir la despenalización.

Las muertes por abortos clandestinos son FEMICIDIOS cometidos por el Estado. Porque tenemos vocación de transformar es que queremos que el aborto sea legal. Con cada mujer muerta por aborto clandestino se hace evidente la urgencia de avanzar en conquistar mayores niveles de autonomía.

Porque somos peronistas pensamos que nuestra autonomía, la de las mujeres, no se encuentra escindida de las formas de producción y reproducción de nuestras vidas. Entendemos que las decisiones que podamos tomar respectos de nuestros cuerpos son decisiones que podemos tomar, o no, respecto de nuestra vida. El cuerpo de la mujer se ha sobresexualizado, amoldándolo para cumplir la función social asignada de reproducción y cuidado de la familia Y es porque somos peronistas que creemos que el Estado tiene que actuar como un igualador de oportunidades, en donde el patriarcado introduce brechas, exclusiones y diferencias.

La única verdad es la realidad: la penalización del aborto no disminuye la cantidad de abortos que se realizan. La ilegalidad solo impide el acceso a procedimientos seguros poniendo en riesgo la vida de las mujeres. La decisión de una mujer que define interrumpir un embarazo es tan fuerte que muchas veces ponemos en riesgo nuestra vida. Las mujeres cotidianamente decidimos sobre nuestro cuerpo. Lo que demandamos es que el Estado cumpla con su parte y garantice nuestro derecho a una vida libre sin violencia.

Rechazamos la hipocresía de quienes aparentan desconocer que los abortos se realizan clandestinamente todos los días en clínicas privadas y que quienes mueren son las mujeres que no tienen los medios económicos para acceder a una intervención de estas características.