Política

Ballay y Rodríguez Signes, a los diputados - 13 de Septiembre de 2017
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«La estrategia de Entre Ríos será defender el federalismo»

El ministro de Economía, Hugo Ballay, y el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, acudieron a la convocatoria de la Cámara de Diputados de la provincia para abordar la situación generada por la demanda de Buenos Aires ante la Corte Suprema de Justicia por fondos de coparticipables. Previo la reunión, los funcionarios brindaron una conferencia de prensa junto a los diputados Juan José Bahillo, Diego Lara, Gustavo Zavallo y Marcelo Bisogni.

El planteo se centró en la magnitud del perjuicio económico que conlleva para Entre Ríos la redefinición de los montos que recibe en concepto de coparticipación y el acuerdo de todas las provincias de no resignar más recursos.

Ballay indicó que «el impacto fiscal que tendría para Entre Ríos es de aproximadamente 3.500 millones de pesos año» y precisó que «esta cifra representa lo que hoy es prácticamente una nómina salarial, incluido activos y pasivos, del Estado provincial. Es decir, sería incorporar una nómina salarial más en un presupuesto o implica, también el 80 por ciento aproximadamente del déficit de sistema previsional», graficó. «No es un problema de la provincia de Buenos Aires. Es un problema de todas las provincias argentinas, excepto la provincia de Buenos Aires», sostuvo al remarcar que «en este planteo de la provincia de Buenos Aires, el Estado nacional no ve afectado un sólo centavo de lo que coparticipa del mismo impuesto», insistió.

Por otra parte, Ballay señaló que aparecen trabajos como el hecho por la provincia de Córdoba, que es muy significativo en el que hay una comparación de lo que supuestamente la provincia de Buenos Aires estaría perdiendo y lo compara con el beneficio que recibe la provincia de Buenos Aires en subsidios de tarifas eléctricas, de gas y transporte. Frente a esta suma que estaría perdiendo frente al planteo que ellos hacen, aproximadamente 75.000 millones es la diferencia en favor de la provincia de Buenos Aires respecto de subsidios de los que recibe y no los reciben el resto de las provincias argentinas».

En ese marco, dijo que este es un elemento que en la consideración general también hay que discutir: «No es solamente la coparticipación de impuestos sino que hay otros beneficios que recibe la provincia de Buenos Aires que obviamente no están planteados en el juicio».

Finalmente, indicó que «el gobernador ha participado en reuniones y el criterio general que ha sido apoyado no solo por los gobernadores justicialistas, sino por los representantes de las 23 provincias que estuvieron en la Casa de San Juan la semana pasada, es que esto no se defina en la Corte Suprema de Justicia sino que sea discutido en el Congreso de la Nación que es el ámbito natural de discusión del tema impositivo».

Discutir

Al hacer uso de la palabra, Rodríguez Signes dijo: «Me parece muy auspicioso que el tema se discuta en las legislaturas porque esto es derecho intrafederal. En todo el derecho de la coparticipación no son suficientes normas del Congreso de la Nación para establecerlo. Las leyes de coparticipación son leyes convenios y como tal requieren pactos entre las provincias y la Nación y entre las provincias entre sí, y a su vez requieren la aprobación por parte de las legislaturas provinciales y del Congreso de la Nación con mayorías especiales. Por lo tanto, comenzar a discutir después de tantos años el tema de la coparticipación en las legislaturas es donde corresponde hacerlo», indicó el fiscal.

Explicó luego que la ley de coparticipación federal, Nº 23548, es muy simple. «Tiene 20 artículos y en ellos dice cómo se distribuyen los recursos y les corresponde a las provincias casi el 54,46 por ciento de los impuestos que se coparticipan», dijo el fiscal de Estado y acotó que «se coparticipan todos los impuestos, menos los aportes y contribuciones de la seguridad social y tampoco los de comercio exterior. El resto se coparticipa y de eso les correspondería a las provincias el 54,46 por ciento y a Entre Ríos el 5,9 por ciento. Eso está en la ley que sancionó el Congreso, que aprobaron los Estados provinciales, que aprobaron por pacto las provincias con el gobierno nacional y las provincias entre sí». Recordó que partir de 1992 «vino lo que se llama laberinto de la coparticipación, según lo denominó la Comisión Federal de Impuestos, y es algo sumamente complejo de interpretar. Lo conoce poca gente, como el ministro Ballay, pero al común de los ciudadanos nos cuesta mucho interpretarlo. La conclusión de todo esto es que las provincias perdieron 20 puntos de la coparticipación a partir de esto, es decir que de 54,46 nos vinimos al 34 por ciento. El año pasado se empezó a recorrer un camino, después de muchas reuniones y de las sentencias de los casos de Santa Fe y San Luis, de empezar a rediscutirlo y algo se obtuvo porque surgió la devolución progresiva del 15 por ciento».

Indicó que la provincia de Buenos Aires volvió a instalar el tema a partir de la demanda que realizó y por ello lo que se avanzó por un lado se pierde por el otro. «Esa es la situación y entonces nosotros decimos que hay que discutir todo de nuevo, todas las asignaciones específicas», continuó diciendo Rodríguez Signes, al tiempo que indicó que éstas últimas «solamente las sanciona el Congreso Nacional pero por tiempo determinado, con mayorías especiales y con objetos determinados. Esto del conurbano que nació en 1992 no está en la ley de coparticipación, sino que está en una ley especial de asignación específica que cumple 25 años, es decir que ya tiene tiempo suficiente de vida», explicó el fiscal. Finalmente, sostuvo que «casi todas las provincias estamos de acuerdo en el mismo planteo. No resignar porque ya bastante se ha resignado a lo largo de todo este tiempo. Hay una demanda que vamos a contestar y haremos uso de todas las herramientas legales para ello, cosa que se producirá en los últimos días de septiembre para nosotros».

Perjuicio enorme

A su turno, el diputado Juan José Bahillo destacó que de salir a favor de Buenos Aires esta demanda «el perjuicio sería enorme e imposibilitaría el funcionamiento del Estado provincial, tanto en políticas públicas, como en asegurar el funcionamiento del sistema educativo, el de salud pública».

Para el legislador, «quien debería tener la mirada integral del país y llevar adelante la solución de esto, que es el gobierno nacional, ha tercerizado en el Poder Judicial una resolución que tiene que ser política. Porque la mirada integral desde el federalismo, de las economías regionales, de evitar las asimetrías entre las distintas regiones del país, esa es una mirada política; la tiene que tener el gobierno nacional y tiene que ser producto de una resolución política con la mirada y la postura tomada por los gobernadores, con un fuerte trabajo de los equipos de los ministerios de Economía. Ese me parece que tiene que ser el camino para empezar a solucionar esto y no la vía judicial».

HUGO BALLAY
JULIO RODRIGUEZ SIGNES